¿Por qué el Estado entiende que los derechos más
elementales de los discapacitados físicos, mentales o intelectuales (sin contar
la tercera edad) forman parte de un lujo en el hipotético estado del bienestar?
Yo vengo del campo de la psiquiatría pero he trabajado
durante muchos años en servicios asistenciales que dependen de servicios
sociales; así que algo podré opinar en relación a ello.
Cuesta creer que una PNC otorgue al pensionista la
cantidad de 5.007,80 €/año repartidos en 14 pagas. Ello sale a un total de
357,70 €/mes o 417,32 €/mes en 12 pagas.
Cuesta creer que alguien pueda sobrevivir con dicho
dinero y mucho menos recibir la atención que merece para tener una vida con un
mínimo de dignidad.
Y ello sin contar con los actuales baremos de la Ley de
la Dependencia y otras ayudas irrisorias las cuales muchas son incompatibles
unas con otras.
Y no tan solo eso sino que encima el Estado deteriora la
atención actuando sobre los profesionales, entidades y recursos al recortar sus
presupuestos o al aniquilarlos.
Lo mismo han hecho con el sistema educativo, el judicial,
el de la sanidad, etc.
Recorte en gastos de personal, aumento de las exigencias
laborales, obligación de recortar en los apartados presupuestarios de cantidad
y calidad de servicios prestados de los diferentes recursos asistenciales
existentes. Deterioro de la calidad.
Y la gran pregunta que se me sugiere al pensar en todo
ello: ¿dónde se encuentra la línea en el siglo XXI que separa el concepto de
derechos básicos con el de despilfarro?
Porque si la respuesta es una comparación temporal del
tipo: hoy día viven mucho mejor que hace 30 años, es que alguien usa la demagogia
para justificar lo injustificable.
Dicha comparación sería parecida a que para ahorrar
gastos se volviera a los años ’70 u ’80 en el tema de la locomoción, donde se
suprimieran todos los avances tecnológicos que van incorporados “de serie” en
los nuevos vehículos. Seguro que entonces un coche valdría casi la mitad: sin
airbags, sin dirección asistida, sin cinturones atrás, sin retrovisor derecho,
sin ABS y otro montón de siglas, etc.
¿Ello pareciera lógico? No, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo puede parecer lógico que volvamos a un
presupuesto equivalente a un nivel de atención de hace 30 o 40 años?
Otra pregunta que me hago: ¿Por qué es más necesario
mantener un ministerio de defensa por encima de los sistemas socio-sanitarios? o
¿Por qué es necesario mantener un Gobierno tan recargado, de estilo rococó,
como el que mantenemos en detrimento de la salud integral de los ciudadanos más
desfavorecidos?
¿De qué se ha de defender España? ¿Del noroeste de África?
Porque otra justificación no entiendo. En un modelo europeo, con la OTAN habría
de ser suficiente o, si quieren, con un ejército europeo que valdría mucho
menos de mantener.
Pero no, hay que quitar a los que menos se pueden quejar
y ha de ser el pueblo quien mantenga los desaguisados del Estado.
Las personas con dependencia pasarán, de seguir así, a
depender de la buena voluntad del resto de la población. Ello acribilla los
derechos humanos.
En un estado democrático y desarrollado, los derechos
humanos más básicos corren a cargo de todos como deber y es el Estado quien lo
dice así. Con ello se garantiza que las personas discapacitadas reciban un
trato acorde con el concepto de salud integral que la define como un grado de
satisfacción a partir de la ausencia de enfermedad (trastorno, déficit).
Si ha de ser la gente quien con su buena voluntad
colabore con que la salud en dicha población discapacitada sea mínima, el Gobierno
no estará cumpliendo con su cometido en relación a dichos derechos humanos.
Ello habría de no ser posible pero resulta que es real y actual.
Socavar el bienestar de los más desfavorecidos es
mandarlos a la marginalidad. De la misma manera que socavar la sanidad es
aumentar la morbilidad (sufrimiento, enfermedad) y mortalidad de los
ciudadanos; sobre todo de los menos pudientes ya que ellos no pueden hacer el
sobre-esfuerzo económico de ir por el sistema privado. Dicho sea de paso, los
más económicamente favorecidos también tienen derecho a la sanidad, educación,
justicia, etc. públicos ya que pagan sus impuestos. De la misma manera que
socavar la educación lo cual conducirá indefectiblemente a una menor capacidad
intelectual del país. O el judicial el cual implica que los menos favorecidos a
nivel económico se queden sin el concepto de justicia universal y gratuita; si
antes era difícil que una persona de clase media pudiera derrotar en pleito a
una de clase media alta, ahora la cosa será imposible por los costes a
soportar.
Y encima, cuidado no critiques o pongas el dedo en la llaga al Gobierno porque entonces te amenazan de manera subrepticia en que te cierran o te quitan la subvención. El Gobierno no acepta críticas.
En fin, cuando lo avatares obligan a mi familia a
recortar en gastos, lo primero que eliminamos son los superfluos o
prescindibles, no los básicos.
Los gobernantes que actúan así, no quieren a su pueblo.
Olvidaron lo que significa democracia y olvidaron para qué y por qué están en
el poder: para representar al pueblo.
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